La Red Anticorrupción Forestal (RAF) de Madre de Dios, conformada por voluntarios de organizaciones ciudadanas y de pueblos indígenas que, desde el año 2019 vienen promoviendo mejores prácticas, transparencia y vigilancia ciudadana en la gestión forestal, además fomentan una cultura de no tolerancia ante cualquier tipo de práctica vinculada a la corrupción, demostró su compromiso con los derechos humanos y ambientales al culminar con éxito el “Taller sobre el Acuerdo de Escazú y Defensores de Derechos Humanos”, dirigido a más de 40 participantes de organizaciones indígenas, colectivos juveniles y estudiantes universitarios de la región.
El objetivo principal del taller fue empoderar a los líderes y lideresas indígenas, y defensores ambientales para ejercer vocería respecto a la importancia del Acuerdo de Escazú y socializar el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
Durante el primer día del evento, se desarrollaron temas como la importancia del Acuerdo de Escazú y su difusión para su mayor conocimiento, el procedimiento de su aprobación en el Perú y los mecanismos para la participación ciudadana y de comunidades nativas.
La situación de las personas defensoras ambientales en Madre de Dios fue el tema del segundo día del taller, donde se visibilizaron los riesgos que tienen los pueblos indígenas por proteger sus territorios, las amenazas a la Reserva Comunal Amarakaeri y a la Reserva Nacional Tambopata; así como las acciones de las entidades del Estado en la atención y protección de las personas defensoras ambientales.
El taller se realizó el 5 y 6 de octubre en el Seminario San Juan María Vianney, ubicado en la ciudad de Puerto Maldonado, logrando reforzar los conocimientos y el compromiso de los participantes para alzar su voz en defensa de los derechos humanos y ambientales. Esta actividad se desarrolló en marco de las actividades de la V Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal.
Sobre el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca fortalecer los derechos de acceso a la información, participación ciudadana, justicia ambiental y defensores ambientales. Fue creado por los países de América Latina y El Caribe con la finalidad de garantizar los derechos de las personas a tener acceso a la información ambiental de manera oportuna y adecuada.
Dicho acuerdo fue suscrito por 24 países, incluyendo el Perú, y ha sido ratificado por 13. Sin embargo, en el año 2022, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó su ratificación.
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